Un nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de
los Hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela afirma que la
represión ordenada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro entre el 1 de
septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 “representa la misma línea de
conducta” que la misión caracterizó en informes previos como “crímenes de lesa
humanidad”, de acuerdo con un resumen divulgado hoy.
Aunque el documento abarca un período de un año, la Misión hizo especial
énfasis en los acontecimientos ocurridos después del 28 de julio, cuando el
Consejo Nacional Electoral del país sudamericano anunció la victoria del
presidente Nicolás Maduro en las elecciones sin presentar resultados
desagregados por centro y mesa de votación, como establecen las leyes
electorales. La oposición mayoritaria dice haber reunido el 83,50% de las actas
oficiales que dan como ganador al candidato Edmundo González Urrutia y así las
publicó poco después de los comicios.
“La Misión registró con suma preocupación que, tras la crisis postelectoral, las
apariencias de legalidad, que ya eran mínimas en períodos anteriores,
desaparecieron casi por completo. (…) El riesgo de desintegración del estado de
derecho es muy alto”, advirtió.
La Misión documenta en su informe que la estructura represiva del Estado se
reactivó tras asegurar en su penúltimo reporte que permanecía “como una
amenaza latente”.
“Durante el período que abarca el presente informe, especialmente tras los
comicios del 28 de julio, el sistema de acoso y represión violenta contra personas
opositoras o percibidas como tales se reactivó de manera intensa y acelerada” y
“fue instigada por las altas esferas políticas y militares del Gobierno, incluyendo al
presidente Maduro a través de declaraciones públicas de carácter amenazante”.
Como resultado, dice el informe, la represión llevó a la comisión de violaciones
graves de los derechos humanos y delitos, que incluyen “casos de muertes en
protestas, detenciones arbitrarias, seguidas o derivadas de violaciones graves al
debido proceso, desapariciones forzadas de corta duración, así como actos de
tortura, tratos crueles y degradantes, y violencia sexual y basada en género”.
Las protestas desatadas dejaron al menos 27 muertos y centenares de heridos,
según las últimas cifras presentadas por el fiscal general Tarek William Saab,
quien, al igual que otros funcionarios del gobierno de Maduro han culpado a los
líderes opositores de estas muertes, señalando que la oposición instigó la
violencia al llamar a las protestas.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunció durante un
diálogo con el Consejo y la Sociedad de las Américas (AS/COA, por sus siglas en
inglés) que Maduro será quien deba rendir cuentas “los crímenes que ha
cometido” como las muertes, detenciones y desapariciones.
El régimen de Maduro ha rechazado los anteriores informes de la Misión -que lleva
un seguimiento detallado de las denuncias de violaciones a los derechos humanos
ocurridas en el país desde septiembre de 2019- tildándolos de “falsos y sin
fundamento metodológico”, y acusando a la ONU de llevar adelante una política
injerencista.
En agosto, un panel de expertos que estuvo en el país sudamericano desde
finales de junio publicó un informe preliminar en el que tomó nota de decenas de
homicidios y miles de detenciones. El Gobierno calificó entonces el documento de
la misión de “acto de propaganda”.
La semana pasada la ONU y otras organizaciones multilaterales exhortaron al
Gobierno venezolano a liberar a los detenidos y poner fin a la ola de represión
contra los opositores políticos. Decenas de exjefes de Estado y Gobierno
presentaron ante la Corte Penal Internacional su propio informe, señalando que en
Venezuela impera una “dictadura militar represora”.
La Misión determinó que los crímenes recientes fueron cometidos
intencionalmente y que los autores materiales e intelectuales tuvieron
conocimiento y formaron parte de un ataque contra los civiles para silenciar a la
oposición.
En entrevista con CNN el 11 de septiembre, el fiscal general desestimó varias
acusaciones de violaciones de derechos humanos como provenientes de
organizaciones de “doble moral”.
El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas estableció una Misión internacional independiente de determinación de los
hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25
por un período de un año, para evaluar presuntas violaciones de los derechos
humanos cometidas desde 2014.
Desde hace años, la CPI investiga posibles crímenes de lesa humanidad en
Venezuela, mientras varios fiscales y otros organismos recogen pruebas sobre el
gobierno de Maduro y varios de sus funcionarios, quienes aún no han sido
acusados por el tribunal.
